SOLIDARIDAD CON ANA.

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su solidaridad con Ana Estrada Ugarte, quien solicitó de poner fin a su vida  a través de una eutanasia, debido a una grave enfermedad, decisión que fue apoyada con la sentencia tomada por el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte de Lima.

A través de un pronunciamiento, la CEP explicó que la Iglesia, a imitación de Jesús, siempre atenderá, cuidará y acompañará a los enfermos, «en la certeza de que toda vida humana es inalienable y tiene un valor infinito».  

«Comprendemos el sufrimiento que Ana Estrada Ugarte viene atravesando a causa de su enfermedad, nos solidarizamos con ella, le ofrecemos nuestra oración y cercanía para que en medio del dolor y la angustia que le ha tocado vivir, abra su corazón a la fe, a la misericordia y al amor de Dios», señala el documento.

En ese sentido, refiere que es valioso recordar el testimonio de tantas personas que han atravesado el misterio del dolor y de la enfermedad desde la vivencia de su fe, encontrando en ella el sentido a su sufrimiento, «transformando la fría cama del hospital o de su casa en un auténtico altar, desde donde se proclama el valor de la vida».

Sin embargo, en otra parte de su pronunciamiento, indica que «la eutanasia siempre será un camino equivocado», porque es atentar contra el derecho inalienable a la vida, pues «causa directamente la muerte de un ser humano y por ello es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia».

Asimismo, recuerda que la Constitución establece con claridad que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es decir, «cuidar, respetar y promover la vida desde la concepción hasta su término natural».

«Por tanto, ninguna autoridad puede legítimamente imponerla o permitirla. Es contradictorio y no se debe tolerar que un órgano del Estado Peruano pretenda cambiar una norma constitucional y promueva acciones contra este sagrado principio», añade.

Además, refiere que ante este tipo de ordenanzas, que pretenden legitimar la eutanasia o el suicidio asistido, «todos debemos negar siempre cualquier cooperación formal o material inmediata».

«Y, en el total ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, debemos exigir el respeto a la objeción de conciencia, también en el ámbito médico y sanitario, en salvaguarda de los principios de la ley moral natural, de la obligación de proteger la vida y asistirla hasta el final», precisa.