CORTE IDH ORDENA SUSPENDER PROCESO CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió requerir al Estado peruano suspender de inmediato el procedimiento de acusación constitucional seguido por el Congreso contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

“(Se resuelve) requerir al Estado que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, hasta que el pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Período Ordinario de Sesiones, que celebrará en su sede en San José, Costa Rica, del 29 de enero al 9 de febrero de 2018”, precisa la resolución.

Esta semana la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó destituir al magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, y suspender a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda Canales por presuntamente haber cambiado el sentido del voto de otro magistrado en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón, en el que se juzga a un grupo de marinos por la supuesta ejecución extrajudicial de presos rendidos tras un motín en 1986.

La denuncia constitucional fue comunicada a la Corte IDH, la cual admitió a trámite un pedido de medidas provisionales para la tutela de la estabilidad de los puestos de los cuatro magistrados del TC que enfrentan un proceso en el Congreso.

En su resolución, la Corte IDH otorga un plazo hasta el 10 de enero a los agraviados para completar su argumentación sobre el impacto que puede tener el proceso en trámite.

Para el mencionado tribunal interamericano resulta importante contar con todos los elementos necesarios para adoptar una decisión en razón de la complejidad de la misma y sus implicancias.

La audiencia por este caso está prevista que se celebre el 2 de febrero de 2018.

El organismo supranacional dispuso que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notifique la mencionada resolución al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.