MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL ENCONTRADOS POR CULPA DE TERRORISTAS

El Poder Judicial y al Ministerio Público se encuentran enfentados por la decisión de la  excarcelación de los terroristas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo, para tenerlos beneficios de arresto domiciliario.

El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, ha dicho ayer que la fiscalía “no ha hecho absolutamente nada” cuando –en primera y segunda instancia, cuando la Sala Penal Nacional revocó la prisión preventiva de los senderistas por superar el plazo de 36 meses y determinó su arresto domiciliario.

Por su parte voceros de la fiscalía señalaron que es “falso” que no hayan apelado en este proceso referido al Caso Tarata.

Explicaron que cuando se venció el plazo máximo de 36 meses de prisión preventiva que establece la ley, el juez Rafael Martínez, del Primer Juzgado Penal Nacional, varió dicha medida por el arresto domiciliario para los terroristas.

Precisaron que la fiscal Marcelita Gutiérrez impugnó esa decisión dictada en marzo del 2017.

El caso fue elevado al Colegiado A de la Sala Penal Nacional, que en julio del 2017 confirmó el arresto domiciliario para Morote y Liendo.

La fiscalía indicó que esta última decisión ya no pudo ser impugnada porque “se había agotado la doble instancia con la confirmación emitida por los mismos miembros del Colegiado A”.

El Ministerio Público agregó que también se ha presentado un recurso de nulidad contra la última decisión que ordenó la excarcelación el pasado martes 17.