OLAECHEA PRESENTA DEMANDA CONTRA EL EJECUTIVO.

Sin resignación alguna a nombre del disuelto Congreso e identificándose como su presidente, Pedro Olaechea, presentó una demanda contra el Poder Ejecutivo y una medida cautelar pidiendo suspender los efectos del Decreto Supremo 165-2019-PCM que cerró el Congreso y convocó a nuevas elecciones.

El recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), que es la única instancia encargada del proceso competencial.

Esta se presenta cuando surge una discrepancia o conflicto entre entidades estatales de rango constitucional respecto de sus atribuciones o competencias y la correcta interpretación del marco constitucional y legal que las regula.

Según el recurso, el Poder Ejecutivo ha menoscabado las atribuciones del Parlamento al haber realizado pedidos de cuestión de confianza respecto de facultades que son exclusivas del Legislativo, como son la reforma constitucional y la selección y elección de magistrados del TC.

En sus argumentos, Olaechea sostiene que la cuestión de confianza planteada por el ex premier Salvador Del Solar revela que su finalidad era “no solo que se dé trámite y apruebe” el proyecto de adelanto de elecciones, sino que se pretendía impedir que el Congreso continúe con el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

De otro lado, en el caso de la convocatoria a elecciones, se expresa que todo proceso electoral implica la disposición considerable de recursos económicos, así como previo a ello que se proceda a la elaboración y aprobación del padrón electoral, las elecciones internas, la presentación de candidaturas y otros requisitos.

“Aumenta el riesgo de que el daño devenga en irreversible o irreparable”, se lee.

La medida cautelar agrega que un Parlamento disuelto se verá limitado en el ejercicio de funciones de control político hacia el Ejecutivo y ante cualquier responsabilidad del presidente de la República, con lo cual este tendría un “periodo de impunidad política e impunidad moral”.

Por ello, sostiene que si esta demanda demora en su trámite y si es desestimada, la consecuencia sería la validación de la decisión del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso, lo que se traduce como “un daño irreparable a las competencias del Parlamento y al derecho de los legisladores de completar su periodo”.

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