COMUNIDADES SE ENFRENTAN POR FONDO MINERO

Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.

n los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.  

La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines. 

Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021. 

El pasado 14 de mayo cuatro miembros del Comité de Gestión del convenio marco (el representante de los alcaldes distritales, de la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar, de la cuenca del río Salado y del Frente Único de Defensa) votaron  a favor de que se dispongan S/ 50 millones del fondo del convenio marco y se entregar un bono de S/ 1.000 a 44 mil personas de la provincia de Espinar. Se abstuvieron de votar el representante de la minera, de la cuenca del río Cañipía y de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar. 

Esos 50 millones representan el 38% del monto total de S/ 131 millones que la minera ha comprometido para ejecutar proyectos de inversión este y los próximos años. La minera alega que todo el dinero del fondo ha sido gastado o comprometido; pero las organizaciones sociales solicitan que se cambien algunos proyectos comprometidos para disponer de ese dinero y cumplir con la entrega de bonos. 

En aquella reunión, los que votaron por mayoría, acordaron que el dinero se usaría para que las familias afronten la crisis económica. Sin embargo, el representante de la minera Antapaccay, Livio Paliza, y el gerente general Carlos Cotera, se opusieron y argumentaron que este no cumplía con el objetivo del convenio, pues el fondo tiene como objetivo financiar y ejecutar proyectos de desarrollo en la provincia.

Por su parte, el presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, y el vicepresidente de este grupo, Fredy Llayque, sostuvieron que los habitantes de la provincia están en su derecho de disponer del fondo del convenio marco, porque se trata de una situación de emergencia que nunca estuvo contemplada.

De acuerdo a la información oficial, solo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio.

El acuerdo

El convenio marco que citan los dirigentes, organizados actualmente en el Comité de Lucha por la Provincia de Espinar, se firmó el 2003 cuando el proyecto minero pertenecía entonces a BHP Billiton.  Este convenio contempla entre varios otros compromisos, la creación de un fondo constituido por el aporte de la minera del 3% de sus utilidades anuales, y que sirve para financiar obras y proyectos de desarrollo en los ocho distritos de la provincia cusqueña. 

El fondo económico es administrado por el Comité de Gestión del Convenio Marco, conformado por el alcalde provincial, representantes de los alcaldes distritales, del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, de la Federación Unificada de Campesinos, de la Asociación de urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Espinar, un representante de la cuencas del río Salado y otro de la cuenca del río Cañipía, y un representante de la minera.

Desde el 14 de mayo se realizaron  varias reuniones con el fin de implementar el bono, sin embargo, la minera siempre se mostró en desacuerdo. El 3 de julio, a través de un comunicado, Antapaccay reafirmó su posición en contra de la entrega de los bonos “porque el proceso para esta propuesta no se ajusta a los objetivos del mismo y carece de legalidad”. Días antes, el 24 de junio informó en un comunicado que dos días antes fue impedida de participar en una reunión virtual con los miembros del Comité de Gestión del convenio marco.

En su lugar, la minera Glencore propuso impulsar el plan “Reactiva Espinar”, estimado en casi 80 millones de soles y que buscaba mitigar el impacto de la Covid-19. La propuesta contemplaba la entrega de alimentos y medicinas a las familias, la reactivación de los comedores populares, un fondo de S/ 5 millones para créditos con cero intereses para empresarios y emprendedores, Internet gratuito para los ocho distritos de la provincia y empleo con el inicio de 30 proyectos por S/ 48 millones. 

La propuesta de Antapaccay no fue aceptada por los otros miembros del Comité de Gestión del convenio marco porque consideran que, en el contexto de la pandemia, es más urgente entregar dinero en efectivo a las familias afectadas por la pandemia, antes que esperar la ejecución de proyectos de desarrollo como lo plantea la minera.