APRUEBAN POLÍTICAS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Poder Ejecutivo aprobó en la víspera políticas públicas para atender las necesidades y restituir derechos de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“Hoy es un día importante porque hemos aprobado dos políticas que atienden las necesidades y buscan enfrentar la restricción de derechos que ha vivido largamente un grupo poblacional importante: las personas adultas mayores, por un lado, y las personas con discapacidad”, manifestó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli.

El segmento de adultos mayores en el Perú se ha duplicado desde 1950 y, a la fecha, somos un poco más de 4 millones de personas, es decir un 12.2 % de la población total del país, enfatizó Loli.

“En el caso de las personas con discapacidad, estamos hablando de 3 millones 200,000 personas, lo que equivale a un 10.2 % de la población”, agregó.

Con participación ciudadana

Estas dos políticas han sido desarrolladas de forma participativa y se trata de un trabajo no solo desde el Estado, mediante el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales, sino también de la sociedad civil organizada y los propios actores y actoras de estas iniciativas, explicó la ministra.

Tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad no son ‘objeto de políticas’ sino que son ‘sujetos de derecho’, puntualizó Loli.

En tal sentido, y en el marco del artículo 1° de la Constitución Política –que señala que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado–, ahora los colocamos como actores sociales importantes y el ejercicio de sus derechos constituye una prioridad para el Estado y el motivo para el diseño y ejecución de estas políticas, enfatizó.

Con estas políticas «esperamos lograr un avance sustancial y mejora en el ejercicio de sus derechos tanto del cuidado, buen trato, acceso al trabajo, situación de salud y económica. En lo que respecta a las personas adultas mayores, el acceso a una pensión digna y posibilidades de sostenimiento», dijo Loli.

Discriminación estructural

La ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables se refirió también a la discriminación estructural como un problema común en ambos casos, tanto hacia adultos mayores como a personas con discapacidad.

“La discriminación se ha institucionalizado en nuestra sociedad y se expresa, por ejemplo, en una forma de ver a estas personas de un modo tal que restringe sus derechos”, comentó la titular del MIMP.

Se piensa que, con el envejecimiento, las personas pierden facultades y poder, entonces, no se desarrollan políticas para empoderarlas y garantizar su participación política, económica y social. 

«En ambos casos, tenemos objetivos importantes para el año 2030, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y, con las dos políticas aprobadas hoy, esperamos lograr avances sustanciales y una mejora en el ejercicio de sus derechos», subrayó la ministra.